Minería ilegal en el Ecuador: conflicto, gobernanza y crimen organizado

Resumen

Ecuador atraviesa uno de los periodos más críticos de su historia reciente. Durante 2025 se registraron más de 9.000 homicidios intencionales, configurando un escenario de violencia generalizada que afecta tanto a espacios urbanos como rurales (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025). Este incremento no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como la manifestación de dinámicas estructurales que articulan desigualdad social, economías ilícitas y debilitamiento institucional (Basabe-Serrano & Martínez, 2023; Pontón, 2022). En términos weberianos, se pone en cuestión la capacidad del Estado de sostener el monopolio legítimo de la fuerza (Weber, 1919/2004), mientras que, desde una perspectiva contemporánea, se evidencia una descomposición del control territorial (Koonings & Kruijt, 2015).

En este contexto, la minería ilegal emerge como un nodo estratégico dentro de las economías criminales. Siguiendo a Philippe Le Billon (2012), los recursos naturales en contextos de debilidad estatal tienden a convertirse en motores de conflicto y acumulación violenta. A su vez, organismos como Global Financial Integrity (2023) advierten que estas economías se articulan con redes transnacionales de lavado de activos, trata de personas y captura territorial.

No obstante, la respuesta estatal ha tendido a privilegiar procesos de securitización como un intento de respuesta a la expansión del crimen organizado y la minería ilegal. Desde la perspectiva de la Escuela de Copenhague (1930-1941), la securitización implica construir un problema como amenaza existencial que justifica medidas extraordinarias (Wæver, 1995). Sin embargo, diversos estudios advierten que este enfoque resulta limitado cuando no se abordan las causas estructurales del conflicto, como la exclusión social y la ausencia estatal (Koonings & Kruijt, 2015).

En este sentido, la presente investigación sostiene que la expansión de la minería ilegal en Ecuador responde a un déficit de gobernanza, entendido no solo como falla institucional, sino como incapacidad de articular actores, intereses y territorios en el marco de políticas públicas eficaces.

Palabras clave Conflicto, Gobernanza, crimen organizado.

Abstract

Ecuador is experiencing one of the most critical periods in its recent history. In 2025, more than 9,000 intentional homicides were recorded, creating a scenario of widespread violence that affects both urban and rural areas (Ecuadorian Observatory of Organized Crime [OECO], 2025). This increase cannot be understood as an isolated phenomenon, but rather as the manifestation of structural dynamics that link social inequality, illicit economies, and institutional weakening (Basabe-Serrano & Martínez, 2023; Pontón, 2022). In Weberian terms, the State’s capacity to maintain the legitimate monopoly on violence is called into question (Weber, 1919/2004), while, from a contemporary perspective, a fragmentation of territorial control is evident (Koonings & Kruijt, 2015).

In this context, illegal mining emerges as a strategic node within criminal economies. Following Le Billon (2012), natural resources in contexts of state weakness tend to become drivers of conflict and violent accumulation. In turn, organizations such as Global Financial Integrity (2023) warn that these economies are linked to transnational networks of money laundering, human trafficking, and territorial capture.

However, the state response has tended to prioritize securitization processes. From the Copenhagen School perspective (1930-1941), securitization involves constructing a problem as an existential threat that justifies extraordinary measures (Wæver, 1995). Nevertheless, several authors warn that this approach is limited when it fails to address the structural causes of the conflict, such as social exclusion and state absence (Koonings & Kruijt, 2015).

In this sense, the present research argues that the expansion of illegal mining in Ecuador stems from a governance deficit, understood not only as an institutional failure but also as an inability to coordinate actors, interests, and territories within the framework of effective public policies.

Keywords Conflict, Governance, Organized Crime

Pregunta de investigación

¿Cómo influye el debilitamiento de la gobernanza estatal en la expansión de la minería ilegal y en la consolidación de estructuras de crimen organizado en Ecuador?

Hipótesis

La expansión de la minería ilegal en Ecuador se encuentra asociada al debilitamiento de la capacidad estatal para ejercer control territorial, lo que ha permitido la consolidación de estructuras de gobernanza criminal vinculadas a organizaciones del crimen organizado nacional y transnacional.

Metodología

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo de carácter exploratoriodescriptivo. Se emplea análisis documental de fuentes oficiales (ARCOM, MAATE, OECO, Fuerzas Armadas, Policía Nacional), informes internacionales (UNODC, GITOC, Global Financial Integrity) y literatura académica especializada sobre gobernanza, extractivismo y crimen organizado durante los periodos comprendidos entre 2022 al 2026. Complementariamente se utiliza análisis geoespacial comparado de mapas de concesiones mineras, minería ilegal y operativos estatales, basados en Análisis de Contenido, triangulación documental y Sistemas de Información geográfica.

Objetivo

Analizar la relación entre el debilitamiento de la gobernanza y la expansión de la minería ilegal en articulación con el crimen organizado en Ecuador.

Desarrollo

Ecuador vive uno de los momentos más críticos de su historia en cuanto a seguridad. Se registró una tasa histórica de 50,91 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, con un total de 9.216 muertes violentas. Esta cifra representó un aumento de más del 30% respecto a 2024 (38,80). Sin embargo, a mediados de 2026, Ecuador registró 2.778 homicidios intencionales durante el primer cuatrimestre de 2026 (enero a abril), consolidándose estadísticamente como el segundo año más violento de su historia reciente.

Sin embargo, las cifras para el 2026 tampoco son alentadoras con un promedio de 23 asesinatos diarios, o una muerte violenta cada 62 minutos. El Ministerio del Interior reportó que en mayo de 2026 ocurrieron 676 muertes violentas, frente a los 935 casos registrados en mayo de 2025.

Estas cantidades de homicidios nos permiten acercarnos a la evolución por provincias: Cuatro provincias concentraron el 81,6% de los crímenes totales del cuatrimestre 2026: Guayas (1.223 casos), El Oro (359), Manabí (348) y Los Ríos (337). Pese a la declaratoria de estado de excepción los homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, fueron 879 homicidios dentro de los territorios bajo estado de excepción. Lo que indica que de ninguna forma este tipo de securitización frena la violencia en los territorios.

Por otra parte, los indicadores respecto a la violencia en menores de edad arrojan las siguientes cifras: primer trimestre del año (enero a marzo), se alcanzó un récord de 148 adolescentes asesinados. De ellos, el 93,2% fue atacado con armas de fuego. Además, el primer cuatrimestre del año cerró con altos índices delictivos a nivel nacional (Primicias, 2026; Radio Pichincha, 2026, Diario Expreso, 2026).

Provincia	2022	2023	2024	2025	2026 (Ene – Jun)
Esmeraldas	511	493	425	491	~190
Orellana	31	55	69	112	~48
Imbabura	22	34	28	37	14
Napo	9	15	18	21	8
Zamora Chinchipe	6	12	14	22	6

No es concluyente que la evolución delictiva en estas provincias haya experimentado una estabilización progresiva de muertes violentas. Es poco probable que a partir del año 2024 gracias a las intervenciones militares permanentes y la instauración de zonas de excepción haya disminuido el delito (Diario Expreso, 2026; Primicias, 2026). Además, el epicentro del conflicto fronterizo y el narcotráfico mantiene bajo alerta a las provincias del norte del país.

Desde esta perspectiva de análisis, la región amazónica presenta una preocupante tendencia al alza, liderada por la provincia de Orellana. Esto responde a la migración y atomización de células delictivas que buscan financiamiento mediante economías ilícitas como la extorsión a territorios mineros y el control de rutas fluviales de contrabando (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025).

Finalmente, las provincias de Imbabura, Napo y Zamora Chinchipe reflejan los índices de criminalidad más bajos del territorio nacional, mostrando una tendencia a la baja o estabilización absoluta durante el primer semestre de 2026 debido a una menor penetración de estructuras delictivas transnacionales (Ministerio del Interior, 2026).

El Estado y las economías ilegales

La reflexión moderna sobre el Estado tiene uno de sus principales antecedentes en la obra de Thomas Hobbes. En Leviatán (1651), Hobbes sostiene que los individuos, en ausencia de una autoridad superior, viven en un estado de naturaleza caracterizado por la inseguridad permanente y la posibilidad constante de conflicto. Esta situación conduce a una «guerra de todos contra todos» (bellum omnium contra omnes), donde la vida humana se vuelve «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta» (Hobbes, 1651).

Para evitar el caos, los individuos transfieren parte de sus libertades a una autoridad soberana capaz de garantizar la seguridad colectiva. Desde esta perspectiva, la principal función del Estado consiste en monopolizar el uso legítimo de la fuerza y preservar el orden social. Cuando el Estado pierde esta capacidad o permite que actores armados no estatales ejerzan control territorial, se produce una regresión parcial hacia condiciones similares al estado de naturaleza descrito por Hobbes.

Las economías criminales representan precisamente una manifestación de esta erosión de la autoridad estatal. Organizaciones criminales que controlan territorios, regulan actividades económicas y ejercen violencia sistemática desafían la soberanía estatal y generan órdenes paralelos de poder. En regiones afectadas por minería ilegal o narcotráfico, los grupos criminales pueden imponer normas, cobrar tributos y administrar mecanismos de justicia informal, reemplazando parcialmente las funciones tradicionales del Estado.

Siguiendo esta lógica, Michael Mann (1984, 1993) amplía el análisis de la capacidad estatal mediante su teoría de las fuentes del poder social. Según este autor, el poder se estructura a través de cuatro dimensiones fundamentales: ideológica, económica, militar y política. El Estado moderno se fortalece en la medida en que logra articular efectivamente estas dimensiones y proyectar su autoridad sobre la totalidad del territorio nacional.

Mann distingue además entre poder despótico y poder infraestructural. El primero se refiere a la capacidad de las élites estatales para tomar decisiones sin consultar a la sociedad; el segundo corresponde a la capacidad efectiva del Estado para implementar decisiones y ejercer control sobre el territorio y la población.

Esta distinción resulta particularmente relevante para analizar la expansión de las economías criminales. Un Estado puede poseer instituciones formales robustas y amplias facultades legales, pero carecer de presencia efectiva en determinadas regiones periféricas. Cuando el poder infraestructural es débil, surgen vacíos de gobernanza que pueden ser ocupados por organizaciones criminales.

En numerosos países latinoamericanos, incluyendo Ecuador, las economías ilegales han prosperado en espacios donde el Estado presenta capacidades limitadas de vigilancia, regulación y provisión de servicios públicos. La minería ilegal, por ejemplo, suele desarrollarse en zonas fronterizas, áreas protegidas o regiones amazónicas donde la presencia estatal es escasa. En estos territorios, los grupos criminales aprovechan la ausencia institucional para construir estructuras económicas que desafían la autoridad estatal.

Robert Rotberg (2004) aporta una perspectiva adicional al estudiar los procesos de debilitamiento estatal. Según este autor, la principal función del Estado consiste en proporcionar bienes políticos fundamentales, entre ellos seguridad, justicia, estabilidad institucional y oportunidades económicas para la población.

Los Estados pueden clasificarse según su capacidad para desempeñar estas funciones. Los Estados fuertes garantizan eficazmente la provisión de bienes públicos; los Estados débiles presentan limitaciones significativas; mientras que los Estados fallidos pierden progresivamente el control territorial y permiten que actores no estatales asuman funciones tradicionalmente reservadas al gobierno.

Desde esta perspectiva, la expansión de las economías criminales constituye tanto una causa como una consecuencia de la debilidad estatal. Por una parte, la falta de capacidad institucional facilita el surgimiento de mercados ilícitos. Por otra, el fortalecimiento de organizaciones criminales erosiona las capacidades estatales mediante la corrupción, la violencia y la captura de instituciones públicas.

Rotberg sostiene que uno de los primeros indicadores de fragilidad estatal es la incapacidad de poseer el uso monopólico de la fuerza. Cuando grupos criminales armados compiten con el Estado por el control territorial, se produce una fragmentación de la soberanía que debilita la gobernabilidad democrática y amenaza la estabilidad política.

En el contexto ecuatoriano, el crecimiento simultáneo de la minería ilegal, el narcotráfico y la violencia asociada al crimen organizado ha generado debates académicos sobre la existencia de zonas donde la capacidad estatal enfrenta desafíos significativos para mantener el control efectivo del territorio.

Las transformaciones contemporáneas del poder han llevado a cuestionar las concepciones tradicionales de soberanía. John Agnew (2005) critica lo que denomina la «trampa territorial» (territorial trap), es decir, la tendencia a asumir que la soberanía estatal coincide automáticamente con el control efectivo del territorio nacional. Para Agnew, la soberanía no debe entenderse únicamente como un atributo jurídico formal reconocido por la comunidad internacional. Más bien, constituye una práctica política que depende de la capacidad real del Estado para ejercer autoridad, regular actividades económicas y controlar procesos sociales dentro de su territorio.

Esta perspectiva resulta especialmente útil para analizar las economías criminales transnacionales. Actividades como el narcotráfico y la minería ilegal operan a través de redes que atraviesan fronteras nacionales, conectando actores locales con mercados globales. Como consecuencia, la soberanía estatal enfrenta desafíos provenientes no solamente de actores internos, sino también de dinámicas transnacionales que limitan la capacidad reguladora de los gobiernos.

Agnew argumenta que el control territorial es desigual y variable, incluso dentro de un mismo Estado. Existen espacios donde la autoridad estatal es fuerte y otros donde predominan formas híbridas de gobernanza en las que participan organizaciones criminales, actores económicos privados y comunidades locales. En consecuencia, la soberanía debe analizarse como un fenómeno dinámico y diferenciado, más que como una condición absoluta.

La articulación de las perspectivas de Hobbes, Mann, Rotberg y Agnew permite construir un marco teórico sólido para comprender la relación entre Estado, soberanía y economías criminales. Hobbes destaca la necesidad de una autoridad capaz de garantizar el orden; Mann enfatiza la importancia de la capacidad infraestructural para ejercer control territorial; Rotberg analiza los efectos de la debilidad estatal sobre la provisión de bienes públicos; y Agnew cuestiona las visiones tradicionales de soberanía, subrayando las complejidades territoriales del mundo contemporáneo.

Desde esta perspectiva, las economías criminales no constituyen únicamente actividades ilegales orientadas al lucro, sino fenómenos que desafían directamente la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva. Su expansión revela limitaciones institucionales, vacíos de gobernanza y formas alternativas de poder que compiten con la autoridad estatal. Por ello, el estudio de fenómenos como la minería ilegal y el narcotráfico exige analizar simultáneamente las dimensiones políticas, territoriales, económicas y coercitivas que configuran el ejercicio de la soberanía en el siglo XXI.

Gobernanza, poder y violencia

El concepto de gobernanza adquiere centralidad en las décadas de 1980 y 1990 como una forma de superar las visiones Estado-céntricas de gobierno. Para Raw Rhodes (1997), la gobernanza implica redes de interdependencia entre actores públicos y privados, mientras que Renate Mayntz (1998) enfatiza la coordinación horizontal como condición para la eficacia de las políticas públicas. En esta línea, Pierre y Peters (2000) sostienen que el Estado no desaparece, sino que reconfigura su rol como coordinador de múltiples actores.

Sin embargo, esta visión debe ser problematizada. Bob Jessop (2002) advierte que la gobernanza no elimina las relaciones de poder, sino que las re-articula en formas más complejas. En diálogo con Pierre Bourdieu (1998), puede entenderse que estos procesos se desarrollan en campos donde los actores compiten por capital político, económico y simbólico. Así, la gobernanza no es un espacio neutral, sino un terreno de disputa.

Desde una perspectiva democrática, Robert Dahl (1971) plantea que la pluralidad de actores fortalece la toma de decisiones. No obstante, esta pluralidad se ve tensionada cuando emergen actores armados o economías ilícitas que distorsionan las reglas del juego. En estos contextos, el problema no es solo la ausencia del Estado, sino su transformación.

En este contexto, es importante considerar que el debilitamiento de las condiciones sociales en las comunidades, el desempleo, la exclusión social, y la disminución de la calidad de la salud y los servicios básicos, contribuye al fortalecimiento de condiciones para la implantación del crimen organizado. Esto da cuenta de una verdadera crisis de gobernabilidad acentuada por factores estructurales.

En este escenario, resulta clave el aporte de Achille Mbembe (2011), quien introduce el concepto de necropolítica para explicar cómo ciertos territorios quedan sujetos a formas de soberanía donde la violencia y la muerte regulan la vida social. En sintonía, Rita Segato (2016) sostiene que las violencias contemporáneas en América Latina deben entenderse como pedagogías del poder que reorganizan el control territorial.

En este marco, es necesario apuntar que el debilitamiento de la presencia estatal no es un fenómeno casual. Es determinante el repliegue y la complicidad de elementos institucionales debido a la corrupción e infiltración del crimen organizado en diversas áreas del Estado. Actores políticos, sociales y fuerzas de seguridad pueden ser parte o estar limitadas. Entonces, el debilitamiento de las instituciones obedece a un marco de control de los territorios, y con ello de los liderazgos políticos- sociales e institucionales.

En consecuencia, cuando el Estado pierde capacidad de mediación, legitimidad y presencia, otros actores —particularmente el crimen organizado— ocupan ese vacío, generando formas paralelas de gobernanza (Arias, 2017). Por tanto, la expansión de la minería ilegal en Ecuador no puede entenderse únicamente como un fenómeno asociado a actividades económicas ilícitas o a la presencia de organizaciones criminales. Desde la perspectiva de la teoría del Estado, este fenómeno refleja procesos más profundos relacionados con la capacidad estatal para ejercer autoridad, controlar el territorio, garantizar el cumplimiento de la ley y monopolizar el uso legítimo de la fuerza. Los aportes de Charles Tilly (1985), Joel Migdal (1988) y Guillermo O’Donnell (1993) resultan fundamentales para comprender cómo determinadas zonas del Ecuador han experimentado procesos de debilitamiento institucional que favorecen el surgimiento de formas alternativas de gobernanza vinculadas a economías ilegales.

Desde esta perspectiva, Charles Tilly (1985), en War Making and State Making as Organized Crime, plantea que los Estados modernos surgieron históricamente a partir de procesos de concentración del poder coercitivo. Según el autor, la construcción estatal implicó la eliminación progresiva de competidores que disputaban el control de la violencia dentro de un territorio determinado. A través de la guerra, la extracción de recursos y la consolidación de estructuras burocráticas, los Estados lograron establecer un monopolio relativamente estable sobre la coerción legítima.

Para Charles Tilly (1985), la principal característica de un Estado fuerte radica en su capacidad para controlar efectivamente el territorio y neutralizar actores que desafían su autoridad. Pero cuando esta capacidad disminuye, emergen organizaciones que compiten con el Estado en funciones esenciales como la seguridad, la regulación económica y la resolución de conflictos.

La minería ilegal en Ecuador constituye un ejemplo contemporáneo de este fenómeno. En diversas provincias como Imbabura, Esmeraldas, Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo, grupos criminales vinculados a organizaciones como Los Lobos, Comandos de la Frontera y otras estructuras transnacionales han logrado consolidar espacios de control territorial donde regulan actividades económicas, cobran extorsiones, establecen mecanismos de protección armada e incluso administran sistemas informales de justicia. Desde la perspectiva de Tilly, estas organizaciones funcionan como competidores directos del Estado, disputando el monopolio de la coerción y generando formas paralelas de autoridad.

La expansión de estas estructuras criminales evidencia que la capacidad estatal para ejercer control territorial se ha visto deteriorada en zonas estratégicas, particularmente aquellas caracterizadas por una limitada presencia institucional, condiciones geográficas complejas y alta rentabilidad de los recursos minerales.

Mientras Tilly centra su análisis en la capacidad coercitiva del Estado, Joel Migdal (1988), en Strong Societies and Weak States, sostiene que la fortaleza estatal depende de su capacidad para penetrar la sociedad, regular el comportamiento de los actores sociales y generar legitimidad. Según Migdal, en muchos países en desarrollo el Estado no constituye el único centro de poder. Existen múltiples organizaciones sociales, económicas y políticas que establecen sus propias normas, distribuyen recursos y ejercen control sobre comunidades específicas. Migdal argumenta que un Estado es débil cuando no logra imponer de manera efectiva sus reglas sobre otros actores que compiten por la autoridad. En estos escenarios surgen sistemas híbridos de gobernanza donde distintos grupos ejercen funciones que tradicionalmente corresponden al aparato estatal.

La minería ilegal en Ecuador puede interpretarse precisamente desde esta lógica. En numerosas zonas mineras, las organizaciones criminales han desarrollado mecanismos propios de regulación social que incluyen la asignación de espacios de explotación, la resolución de disputas entre mineros, el control de mercados locales y la provisión de seguridad. En ciertos casos, estas estructuras generan mayores incentivos económicos para las poblaciones locales que las instituciones estatales, fortaleciendo su legitimidad social y ampliando su capacidad de influencia.

Desde la perspectiva de Migdal, el problema central no radica únicamente en la ausencia del Estado, sino en la existencia de actores alternativos capaces de disputar exitosamente funciones de gobierno. En consecuencia, la minería ilegal representa no solo una actividad económica ilícita, sino también una expresión de competencia política e institucional por el control de territorios estratégicos.

Por otra parte, Guillermo O’Donnell (1993) analiza las limitaciones territoriales de la democracia y del Estado en América Latina. El autor introduce el concepto de brown areas o «áreas marrones» para describir aquellos espacios donde las instituciones estatales tienen una presencia limitada o inexistente, y donde el Estado no logra garantizar plenamente el imperio de la ley.

Según O’Donnell, la existencia de estas áreas implica que la ciudadanía y los derechos no se ejercen de manera uniforme en todo el territorio nacional. Mientras algunas regiones cuentan con instituciones sólidas y presencia efectiva del Estado, otras permanecen bajo formas informales de autoridad ejercidas por actores privados, élites locales o grupos armados.

La expansión de la minería ilegal en Ecuador refleja con claridad esta dinámica. Diversas zonas amazónicas y fronterizas presentan características propias de las áreas marrones descritas por O’Donnell. En estos territorios se observa una limitada capacidad estatal para fiscalizar actividades económicas, controlar fronteras, proteger recursos naturales y garantizar la seguridad ciudadana. Como consecuencia, organizaciones criminales han logrado establecer sistemas paralelos de gobernanza que operan con relativa autonomía frente a las autoridades nacionales.

La presencia de estas áreas resulta especialmente preocupante debido a que facilita la articulación entre minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y corrupción institucional. En este sentido, la minería ilegal no constituye un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio de fragmentación de la autoridad estatal y expansión de economías ilícitas que desafían la soberanía nacional.

Estado débil, gobernanza criminal y minería ilegal

La integración de los enfoques de Tilly, Migdal y O’Donnell permite comprender que la minería ilegal en Ecuador es simultáneamente una consecuencia y un indicador del debilitamiento de la capacidad estatal. Desde la perspectiva de Tilly, las organizaciones criminales disputan el monopolio de la coerción; desde Migdal, compiten con el Estado en la regulación social y económica; y desde O’Donnell, se consolidan en territorios donde la presencia estatal es insuficiente o fragmentada.

En consecuencia, la minería ilegal debe analizarse como un fenómeno de gobernanza criminal que trasciende la simple extracción ilícita de recursos naturales. Se trata de una estructura compleja que combina control territorial, violencia organizada, captura institucional y construcción de legitimidad local. La persistencia y expansión de estas dinámicas plantean desafíos significativos para el Estado ecuatoriano, cuya capacidad para recuperar el control de estos territorios dependerá no solo de acciones represivas, sino también del fortalecimiento de las instituciones, la generación de oportunidades económicas legales y la reconstrucción de la legitimidad estatal en las zonas afectadas.

Es importante establecer que la gobernanza institucional, formal y legal de un Estado puede ser suplantada por otra que devenga en gobernanza criminal. Estudios más amplios sobre el tema plantean diversos términos similares para referirse a la gobernanza criminal, como “sistemas políticos paralelos” (Leeds, 1996), “regímenes normativos” (Feltran, 2020), “reglas informales” (Zaluar, 2004) y “poder paralelo” (Koonings y Krujit, 2007). Sin embargo, el término más común para referirse a la capacidad criminal de gobernar es “gobernanza criminal” (Arias, 2006, 2017; Lessing, 2021; Koonings y Krujit, 2007; Willis, 2015; Magaloni et al., 2020; Mantilla y Feldmann, 2021; Ferreira y Richmond, 2021; Ferreira y Gonçalves, 2022).

Es importante recalcar la capacidad de gobernanza de las organizaciones criminales en los contextos democráticos (Vom Lampe, 2015).

Algunas perspectivas en la literatura sugieren que la gobernanza del crimen organizado no opera aisladamente de la autoridad estatal; más bien, coexiste con

la fuente legal de autoridad —el Estado—, ya sea en connivencia o complementándose con la soberanía legal estatal, lo que da lugar a una gobernanza híbrida (Collona y Jaffe, 2016; Boege et al., 2008; López-Vallejo y Fuerte-Celis, 2021; Villa et al., 2021; Pimenta et al., 2021; Koonings y Krujit, 2023).

Estas interacciones entre los Estados y las organizaciones violentas, impulsadas principalmente por la búsqueda de riqueza y la acumulación informal de poder, también se conceptualizan como “política criminal” (Barnes, 2017). Además, la gobernanza criminal puede entenderse como la regulación del orden social, incluidas las economías informales o ilegales mediante el establecimiento de instituciones formales e informales que reemplazan, complementan o compiten con el Estado y distribuyen bienes públicos (por ejemplo, servicios sociales, justicia y seguridad) (Mantilla y Feldmann, 2021).

Si bien el Estado actúa como el agente central y estructurador que gobierna la sociedad, existen otras fuerzas privadas capaces de establecer códigos y normas. Desde esta perspectiva, el crimen organizado no está legitimado por la ley, esto no implica que no se lo perciba como legítimo dentro de los espacios sociales en los que opera. Schlichte y Schneckener (2015), así como Poder (2017), describen cómo los grupos armados no estatales pueden establecer formas mínimas de legitimidad, similares a la construcción histórica del Estado moderno (Tilly, 1985)

En este contexto, el marco de Benjamin Lessing (2021) es particularmente ilustrativo, ya que postula tres niveles progresivos: la gobernanza de los miembros de la organización criminal, seguida de los actores criminales no miembros y finalmente, los civiles no criminales. El Control y la imposición sirven tanto para proteger a los miembros de las organizaciones criminales de otras organizaciones como para organizar actividades ilícitas, incrementando las ganancias de forma más coordinada y activa.

Por otra parte, el uso de la violencia, y la creación de una reputación son parte de los beneficios a quienes se encuentran bajo el control de estas organizaciones. La Gobernanza del Mercado criminal, apunta también a la gestión de negocios ilícitos, a menudo en una alianza perversa con el Estado. Explotando por parte de estas organizaciones la negligencia del Estado dentro de un espacio social concreto. Aprovechando la gobernanza informal que surge en áreas con un abandono estatal (Lilyblad, 2014).

En este escenario, las organizaciones operan «más allá» del control gubernamental o de forma híbrida, pueden alcanzar cierto nivel de legitimidad entre las poblaciones locales (Leeds, 1996), maniobrando de forma encubierta con el propio Estado (Willis, 2015). De manera tal que estos grupos criminales establecen un “orden social ilícito” y consolidando su mando en tres ámbitos principales: control territorial, competencia por la autoridad y la capacidad de instituir nuevos ordenamientos, incluyendo normas y reglas que definen “la ley” dentro de un espacio social particular (Lilyblad, 2020).

En este debate, Marcos Ferreira y Oliver Richmond (2021: 162-163) destacan que la gobernanza criminal va de la mano con el abandono del Estado en la provisión de autoridad y servicios públicos. Desde esta perspectiva, “cuando el monopolio estatal de la fuerza no satisface las necesidades básicas de sus ciudadanos en términos de protección física, dignidad humana y seguridad social — sobre todo en zonas con altos niveles de violencia estructural—, aumenta la probabilidad de que surjan zonas no gobernadas por el Estado”.

Esto tiende a agudizarse, cuando las instituciones formales de justicia y derecho del Estado no asumen roles en materia de seguridad y gobernanza —donde las fuerzas de seguridad son percibidas como poco fiables y violentas— surge un “orden social completo con sus propias normas, nociones de justicia y métodos de castigo” (Willis, 2015: 57). Paradójicamente, este dominio no siempre es percibido negativamente por la población. Si bien la legitimidad y la autoridad de la gobernanza criminal a menudo provienen de un clima de miedo y coerción prevaleciente en los espacios sociales que controlan, también es común que las relaciones se sustenten en el respaldo popular a través de conexiones clientelistas y paternalistas (Arias, 2006; Leeds, 1996)

Sin embargo, como es el caso de la minería ilegal en el Ecuador el aspecto más crucial en este caso es el control del mercado, que implica la eliminación o el debilitamiento de la competencia, el aprovechamiento de actividades ilegales y el reclutamiento de nuevos miembros para su gobernanza interna (Lessing, 2021).

La literatura especializada en el tema denomina a este fenómeno como Gobernanza híbrida, cuando la autoridad estatal y la criminal coexiste en un espacio social.

El concepto de gobernanza híbrida ofrece varias ventajas. En primer lugar, resulta adecuado para comprender los mecanismos de gobernanza y los órdenes políticos que no encajan en el modelo europeo, ampliamente difundido e impulsado por la lógica weberiana y westfaliana. En la cual, presenciamos la coexistencia de estructuras de gobernanza formales (verticales/estatales) e informales (horizontales/criminales). Así, dentro de estos espacios socialmente delimitados, las organizaciones criminales pueden competir por llevar a cabo sus actividades ilícitas y posteriormente, compartir la gobernanza con el Estado, ofreciendo servicios públicos en caso de necesidad, como higiene básica, seguridad y resolución de conflictos, salud, recolección de residuos (Lessing, 2021). En definitiva, “implica procesos interdependientes y mecanismos de cooperación para la provisión de bienes públicos” (López-Vallejo y FuerteCelis, 2021: 105).

Para comprender el concepto de gobernanza criminal, puede ser útil considerar la idea de espacio social. Para él, “la estructura del espacio social se manifiesta, en los contextos más diversos, en forma de oposiciones espaciales, donde el espacio físico apropiado funciona como una metáfora espontánea del orden social” (Bourdieu, 2018: 106).

De esta manera, la gobernanza criminal deviene como parte de un sistema de abandono estatal y al mismo tiempo de construcción del poder paralelo por parte de las organizaciones criminales, como es el caso de la minería ilegal en varios territorios del Ecuador.

La minería en el Ecuador

La minería en el Ecuador atraviesa actualmente una de las etapas más significativas de su historia contemporánea. En las últimas décadas, el país ha experimentado una expansión sostenida de la actividad extractiva, impulsada tanto por la inversión nacional e internacional como por la creciente demanda global de minerales estratégicos. Este proceso se desarrolla de manera heterogénea en distintas regiones del territorio nacional, especialmente en las provincias de la Amazonía y del sur andino, donde se concentran importantes proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales.

Autores como Bebbington (2012) y Gudynas (2015) sostienen que el auge extractivista en América Latina responde a un modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales como mecanismo de inserción en los mercados globales. En el caso ecuatoriano, esta dinámica se ha profundizado a partir de la apertura del sector minero a capitales transnacionales y de la consolidación de políticas estatales orientadas a promover la minería a gran escala.

La enorme rentabilidad económica que genera el sector minero se ha convertido en uno de los principales factores de su acelerada expansión. Según Acosta (2009), el extractivismo en Ecuador ha sido presentado como una estrategia de desarrollo económico y modernización estatal; sin embargo, también ha producido tensiones sociales, impactos ambientales y conflictos territoriales con comunidades indígenas y rurales.

No obstante, este crecimiento no solo ha fortalecido la minería legal mediante concesiones otorgadas por el Estado, sino que también ha favorecido el incremento de actividades extractivas ilegales vinculadas a economías criminales, conflictos socio-ambientales y disputas territoriales. De acuerdo con Garzón y Cuevas (2013), la minería ilegal en América Latina suele expandirse en contextos de débil presencia estatal, corrupción y alta demanda internacional de minerales, configurando escenarios de violencia y criminalidad organizada.

En el mapa que se presenta a continuación es posible observar la distribución de las concesiones mineras legales en el Ecuador. Este análisis cartográfico permite identificar cómo, alrededor de varios de estos espacios de explotación acreditada, se han configurado también zonas de minería ilegal. La superposición entre minería formal e ilegal evidencia dinámicas complejas de gobernanza territorial, debilidad institucional y presencia de actores criminales que buscan aprovechar la riqueza mineral existente en diversas regiones del país. En este sentido, autores como Maristela Svampa (2019) advierten que el neo extractivismo contemporáneo no puede entenderse únicamente desde una perspectiva económica, sino también desde sus implicaciones políticas, territoriales y de seguridad. Es fundamental que conozcamos de manera geográfica el Mapa de las concesiones mineras en el Ecuador, pues esto permite apreciar de manera dimensionada la extensión de esta actividad en el territorio ecuatoriano.

La superposición entre concesiones legales y minería ilegal evidencia que las economías ilícitas no se desarrollan en espacios aislados sino en territorios previamente integrados a circuitos extractivos legales, fenómeno que confirma la existencia de zonas grises de gobernanza donde actores estatales, privados e ilegales interactúan simultáneamente.

La minería ilegal en el Ecuador: territorialidad y economías ilícitas

La expansión de la minería ilegal en Ecuador constituye uno de los fenómenos más significativos de la última década. Según el OECO (2024), esta actividad ha crecido cerca de un 300% desde 2017, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de hectáreas (MAATE, 2023). En este escenario es importante destacar el crecimiento de esta actividad en los últimos años en el Ecuador, desde el 2010 hasta el 2025. Para establecer de mejor manera el escenario se recurre al análisis geoespacial tomando como referencia los datos de varias instituciones del Estado Ecuatoriano.

Es importante destacar que la explotación de la minería ilegal lleva consigo enormes daños ambientales y la deforestación de las zonas donde se encuentra activa como podemos apreciar en los siguientes indicadores:

Solo en la Provincia de Napo más de 1.700 hectáreas han sido deforestadas desde el 2017 (MAAP,2017-2024). Mientras en Napo y Orellana desde el 2017 se han deforestado más de 2017 hectáreas de bosque nativo. Los territorios ancestrales indígenas también han sido deforestados por esta actividad de manera constante y permanente, en la provincia de Morona Santiago se han deforestado más de 260 hectáreas, afectando principalmente la Cuenca Alta del Río Nangaritza con 545 hectáreas según el MAAP (2025) Y Mongabay Latam (2026). La deforestación en la Amazonía ecuatoriana ya supera las 9,597 hectáreas dedicadas exclusivamente a la minería de oro, impulsadas sobre todo por el fortalecimiento y propagación de economías criminales trasnacionales. A continuación, se analiza con más precisión la problemática de la minería ilegal y su expansión de manera geográfica.

Mapa de la minería ilegal en el Ecuador

Para este análisis geoespacial, se elaboraron mapas comparativos mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar la distribución territorial incorporando los siguientes elementos:

• Concesiones mineras legales
• Zonas de minería ilegal.
• Presencia de organizaciones criminales.
• Operativos militares y policiales.
• Áreas protegidas afectadas por actividades extractivas ilegales.

La superposición cartográfica permitió identificar patrones espaciales de concordancia entre el crecimiento de la expansión de la minería ilegal y la afectación a áreas protegidas y territorios indígenas – ancestrales.

La expansión de la minería ilegal en territorios biodiversos y de agrupaciones indígenas nos permite observar siguiendo a Anthony Bebbington et al. (2018), que la explotación de recursos en América Latina no puede entenderse únicamente en términos económicos, sino como un proceso que reconfigura territorios, comunidades y relaciones de poder. En el caso ecuatoriano, zonas como Zaruma, Portovelo, Nambija y Camilo Ponce Enríquez evidencian cómo la minería ilegal transforma el tejido social y político, reorganizando las relaciones sociales, culturales y de poder en la zona.

Sin embargo, cabe anotar siguiendo el mapa que se presenta a continuación, el traslape y cercanía entre la explotación minera legal y la ilegal. Además, podemos apreciar los índices de afectación medioambiental en territorios en los cuales coinciden ambas actividades. Esto permite observar, que existe una relación causal entre la explotación minera legal y la explotación minera ilegal, basados en el principio de oportunidad de las economías ilegales en la zona.

Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto el debilitamiento de los controles por parte del Estado central en cuanto a las actividades mineras en los territorios en los que operan concesiones legales e ilegales. Siguiendo a Le Billon y Lujala (2020) los recursos naturales en contextos de débil regulación favorecen economías de controladas por actores ilegales que incluso recurren a la intimidación armada para controlar estos territorios. Este argumento dialoga con los hallazgos de la UNODC (2023), que vinculan la minería ilegal con redes transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado.

En Ecuador, la presencia de grupos como Los Lobos, Los Choneros y los Comandos de la Frontera (ARCOM, 2024; OECO, 2024) evidencia un proceso de combinación criminal, donde diferentes economías ilícitas convergen. Como señala Segato (2016), estas formas de violencia no solo buscan rentas económicas, sino el establecimiento del control social y territorial.

En este contexto, la gobernanza es sustituida o capturada como lo plantea Enrique Arias (2017) denominando a este fenómeno como “gobernanza criminal”, en la cual actores ilegales regulan la vida cotidiana, establecen normas y administran justicia. Esto implica no solo ausencia estatal, sino también complicidad, cooptación o captura institucional. De esta manera para que se consolide la minería ilegal esta debe estar profundamente enraizada con grupos de poder y organismos institucionales, ligados incluso a familias, y organizaciones políticas.

A continuación, podemos observar en el mapa los territorios de minería ilegal cuyo control se encuentra bajo influencia de los grupos criminales, ligados principalmente a economías extractivas ilegales nacionales y trasnacionales.

A continuación, podemos apreciar de forma específica a través del traslape de mapas, como en las zonas de mayor actividad de minería ilegal también se encuentran operando estas agrupaciones por recursos y control territorial.

Desde esta perspectiva, agrupaciones como los Choneros, Los lobos, Comandos de la frontera tienen territorios de disputa y control permanente en estas zonas. coincidencialmente la expansión de la minería ilegal se corresponde a las actividades ilegales de estas agrupaciones.

Siguiendo la lógica del traslape de mapas con los datos recogidos, es fundamental observar los operativos militares y policiales, en el territorio ecuatoriano para frenar esta actividad. Esto permite configurar un escenario en el cual se intenta la recuperación del control territorial por parte del Estado. Sin embargo, los datos recogidos pueden no ser concluyentes pues son recolectados de fuentes públicas, notas de prensa y boletines oficiales, lo que puede dificultar la extensión y capacidades de otras operaciones que no se conocen o no son públicas.

La cantidad de datos respecto a la combinación de operativos en las zonas de minería ilegal, permite establecer un segundo mapa para el análisis y el correspondiente traslape. Es importante destacar el aumento de las operaciones contra la minería ilegal durante el 2025 y el 2026. Subrayando las fuentes públicas en notas de prensa y boletines oficiales.

Es importante referirnos a las operaciones en cuanto a la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal y la destrucción de bocaminas para las mismas en territorios puntuales. Sin que estas variables sean desglosadas en esta investigación.

El problema de la trazabilidad de las economías ilegales

Las recientes investigaciones apuntan a una red de economías ilegales en el sector de la minería ilegal. El problema parte desde los pequeños mineros que son cooptados y extorsionados por los grupos ilegales, o que ven atractiva esta relación por los beneficios inmediatos. Lo segundo son los lugares donde se procesa el oro, los cuales son utilizados por la minería ilegal y por los legales en una combinación que repercute en el lavado de dinero y en la exportación del mineral sin pasar por el Banco Central.

Estas relaciones no están exentas de captación y complicidad de los actores institucionales y legales que cooperan en estas actividades. Incluso el oro es exportado sin pasar por los controles estatales, dada la maquinaria de corrupción presente en todo el sistema incluidas las agencias de control y aduanas. Por lo que según las recientes investigaciones de medios académicos que utilizan fuentes abiertas existe un enorme engranaje que combina lo ilegal, lo legal, los grupos delincuenciales y las instituciones.

Entre 2020 y 2024, las importaciones de oro desde Ecuador por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumentaron significativamente, convirtiéndose en el segundo destino de exportación después de Suiza (que recibe oro de la única mina a gran escala del país). Las cuatro principales empresas importadoras de oro ecuatoriano —tanto por número de operaciones como por volumen— tenían sede en los EAU. En 2023, también se observó un repunte en las importaciones de oro ecuatoriano en India. Sin embargo, no está claro el volumen exacto de oro recibido por los EAU, India u otros destinos, debido a discrepancias en los datos de exportación e importación de oro no monetario desde Ecuador entre 2021 y 2023. Datos comerciales privados revisados por GI-TOC.

Uno de los aspectos que requiere mayor profundización en el análisis de la minería ilegal en Ecuador es su dimensión transnacional. Con frecuencia, los estudios sobre minería ilegal se concentran en los espacios de extracción, los conflictos locales o la presencia de grupos armados en territorios específicos. Sin embargo, estas actividades no pueden comprenderse plenamente sin analizar las redes globales que permiten la circulación, comercialización y legitimación del oro extraído ilícitamente. La minería ilegal constituye actualmente una economía criminal transnacional integrada a mercados globales, cadenas logísticas internacionales y sistemas financieros que trascienden ampliamente las fronteras nacionales.

Desde esta perspectiva, el oro ilegal extraído en territorios amazónicos o fronterizos del Ecuador forma parte de circuitos económicos internacionales que conectan zonas de extracción con centros de procesamiento, refinación y comercialización ubicados en distintos continentes. La expansión de estas redes refleja transformaciones más amplias asociadas a la globalización económica, la movilidad transnacional del capital y la creciente interconexión de actores legales e ilegales.

En este escenario es importante destacar la obra de Saskia Sassen (2006, 2007), la cual ofrece herramientas conceptuales para comprender estos procesos. Según la autora, la globalización ha generado una reconfiguración de la soberanía estatal mediante la creación de espacios transnacionales donde circulan capitales, mercancías, información y recursos naturales con una intensidad sin precedentes.

Sassen sostiene que muchas actividades económicas ya no operan exclusivamente dentro de marcos nacionales, sino que se desarrollan a través de redes globales que conectan múltiples jurisdicciones. Este proceso implica una creciente «desnacionalización» de determinadas funciones económicas, permitiendo que actores privados y organizaciones transnacionales adquieran capacidades que anteriormente eran monopolizadas por los Estados.

En el caso de la minería ilegal, esta perspectiva permite entender cómo el oro extraído ilícitamente en Ecuador puede integrarse rápidamente a cadenas internacionales de comercialización mediante empresas exportadoras, intermediarios financieros y centros globales de refinación. Una vez incorporado a estos circuitos, el origen ilícito del mineral puede diluirse a través de mecanismos de lavado comercial, falsificación documental y triangulación internacional.

La globalización no elimina la importancia de los Estados, pero sí crea espacios donde las capacidades de regulación nacional resultan insuficientes frente a la complejidad de las redes económicas transfronterizas. Como consecuencia, las organizaciones criminales aprovechan las asimetrías regulatorias existentes entre países para maximizar beneficios y reducir riesgos.

Es fundamental abordar que los mecanismos de transnacionalización de las economías ilegales se sirven de las conexiones globales y de una economía globalizada y deslocalizada. Por ello es importante la Obra de Manuel Castells, la teoría de la sociedad red desarrollada por Manuel Castells (1996, 2009) complementa este análisis al destacar la importancia de las redes como forma dominante de organización en la era de la información. Para Castells, el poder contemporáneo se estructura cada vez más a través de redes flexibles, descentralizadas y altamente adaptativas capaces de operar simultáneamente en múltiples territorios.

Las organizaciones criminales modernas presentan precisamente estas características. A diferencia de estructuras jerárquicas tradicionales, las economías ilícitas suelen funcionar mediante redes complejas que vinculan actores locales, intermediarios regionales, empresas fachada, operadores financieros y compradores internacionales. Esta estructura permite una elevada capacidad de adaptación frente a los esfuerzos estatales de control y persecución.

En el caso de la minería ilegal, la extracción constituye únicamente uno de los eslabones de una cadena mucho más amplia. Alrededor de la actividad minera convergen redes de financiamiento, transporte, protección armada, corrupción institucional, procesamiento industrial y comercialización internacional. La fortaleza de estas organizaciones no depende exclusivamente del control territorial, sino de su capacidad para insertarse en flujos globales de información, recursos y capital.

Desde esta perspectiva, la minería ilegal ecuatoriana no debe analizarse como un fenómeno exclusivamente nacional. Se trata de un componente de redes criminales transnacionales que articulan territorios amazónicos, corredores fronterizos y mercados internacionales mediante estructuras organizativas altamente flexibles.

De manera complementaria es importante destacar Los estudios desarrollados por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) han demostrado que el oro se ha convertido en una de las mercancías ilícitas más rentables del mundo, superando en algunas regiones incluso los beneficios generados por el narcotráfico. A diferencia de otras economías ilegales, el oro posee ventajas significativas para las organizaciones criminales: alto valor por volumen, facilidad de transporte, amplia demanda internacional y relativa facilidad para integrarse a mercados legales.

Según diversos informes de GI-TOC (2022, 2023, 2024), América Latina experimenta una creciente convergencia entre minería ilegal, crimen organizado transnacional y mercados financieros globales. En países como Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, grupos criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante la explotación ilegal de recursos minerales, aprovechando la debilidad institucional, la corrupción y la limitada presencia estatal en zonas periféricas.

La minería ilegal ya no constituye únicamente una actividad extractiva clandestina. Actualmente funciona como una economía criminal compleja que involucra actores armados, redes empresariales, operadores financieros y cadenas comerciales internacionales. Esta transformación ha permitido que el oro ilegal se convierta en un recurso estratégico para el financiamiento de organizaciones criminales que operan simultáneamente en múltiples países.

Ecuador, Perú y Colombia como territorios de extracción y tránsito

La dimensión regional resulta esencial para comprender la dinámica de estos mercados. Ecuador comparte extensas zonas fronterizas con Colombia y Perú, dos países que históricamente han enfrentado graves problemas asociados a la minería ilegal y al crimen organizado.

En Colombia, organizaciones armadas como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y grupos vinculados al narcotráfico han incorporado la explotación aurífera ilegal como fuente significativa de ingresos. En Perú, particularmente en regiones como Madre de Dios, la minería ilegal ha generado extensas redes de comercialización internacional que conectan zonas amazónicas con mercados globales.

La proximidad geográfica y la permeabilidad de las fronteras facilitan la circulación de maquinaria, insumos químicos, financiamiento y mineral entre los tres países. Como resultado, Ecuador no puede ser analizado como un caso aislado, sino como parte de un corredor regional donde convergen dinámicas criminales compartidas.

Emiratos Árabes Unidos, India y Suiza: nodos globales de la cadena del oro

La dimensión transnacional alcanza su máxima expresión cuando el oro sale de América Latina e ingresa a los mercados internacionales. Diversos estudios han identificado a Emiratos Árabes Unidos, India y Suiza como importantes nodos dentro de las cadenas globales de comercialización aurífera.

Los Emiratos Árabes Unidos, particularmente Dubái, se han consolidado como uno de los principales centros mundiales de comercio de oro. La elevada demanda internacional, junto con mecanismos regulatorios históricamente menos estrictos que en otras jurisdicciones, ha generado preocupaciones sobre la posible incorporación de oro de origen ilícito en los mercados legales.

India representa uno de los mayores consumidores de oro del mundo debido a factores culturales, económicos y financieros. La magnitud de su demanda convierte al país en un destino estratégico para cadenas globales de suministro, incluyendo aquellas vinculadas a la producción ilícita.

Por su parte, Suiza ocupa una posición central en la refinación internacional de metales preciosos. Una proporción significativa del oro mundial pasa por refinerías suizas antes de incorporarse a mercados financieros, joyería o reservas internacionales. Esta situación convierte al país en un actor clave dentro de las cadenas globales de trazabilidad y certificación del mineral.

Una cadena criminal global

La integración de los aportes de Sassen, Castells y GI-TOC permite comprender que la minería ilegal constituye una manifestación de las nuevas formas de criminalidad transnacional asociadas a la globalización. El oro extraído ilegalmente en territorios ecuatorianos no permanece en el ámbito local, sino que circula a través de redes complejas que conectan zonas de extracción en Ecuador, Perú y Colombia con centros de comercio y refinación ubicados en Dubái, India y Suiza.

En consecuencia, la minería ilegal debe entenderse como una cadena criminal global donde participan actores locales, organizaciones criminales transnacionales, intermediarios comerciales y mercados internacionales. La rentabilidad de esta actividad depende precisamente de la capacidad de conectar territorios periféricos con centros globales de acumulación de capital.

Esta perspectiva permite superar las explicaciones exclusivamente nacionales y comprender que la gobernanza de la minería ilegal requiere mecanismos de cooperación internacional, control de cadenas de suministro, fortalecimiento de sistemas de trazabilidad y coordinación transfronteriza entre Estados. De lo contrario, las intervenciones centradas únicamente en los espacios de extracción continuarán enfrentando las limitaciones impuestas por mercados criminales que operan a escala global.

¿Cuál debería ser la respuesta del Estado? Una perspectiva de gobernanza compleja

El carácter multidimensional de la minería ilegal exige respuestas integrales. La evidencia sugiere que enfoques exclusivamente coercitivos resultan insuficientes. Pues elementos como la pobreza estructural y la enorme desigualdad social contribuyen a la cooptación de estas bandas del territorio y la incorporación de ciudadanos en este negocio ilícito.

Por otra parte, el fortalecimiento institucional debe entenderse más allá de la capacidad coercitiva. Siguiendo a Jessop (2002), se requiere construir capacidades estatales relacionales que articulen actores y territorios. Con capacidad de gestión desde lo social y lo político y la apertura de procesos de diálogo permanente con las comunidades de la zona, para la articulación de políticas públicas.

De esta manera, la legitimidad es central. Como plantea Held (1995), la gobernanza democrática depende de la confianza entre instituciones y ciudadanía. Sin legitimidad, las políticas públicas pierden eficacia y abren espacio a actores ilegales. Lo que requiere de un ejercicio permanente de participación democrática, al mismo tiempo que de participación y respeto político en los territorios.

En este contexto, la rendición de cuentas constituye un mecanismo clave para evitar la captura del Estado. La transparencia y el control social permiten limitar las redes de corrupción asociadas a economías ilícitas (Rose-Ackerman, 1999). Además del fortalecimiento participativo de las instituciones y el fortalecimiento de los organismos de control.

Es importante destacar como la Minería ilegal y el crimen organizado están intrínsecamente relacionados a nivel territorial, de modo que incluso colindan con las concesiones mineras o están muy cerca de ellas. Lo que sugiere que se requiere de acciones conjuntas entre todos los actores en el territorio para frenar esta actividad, es decir: Estado, empresa privada, sociedad civil y organismos internacionales de control.

Finalmente, el diálogo territorial debe ser entendido como una herramienta política fundamental. En línea con Escobar (2014), los territorios deben ser concebidos como espacios de vida donde las comunidades tienen agencia. Esto implica incorporar actores locales en la toma de decisiones y construir soluciones desde abajo. También implica el fortalecimiento institucional y la presencia del Estado desde un marco de la generación de condiciones de vida dignas para los habitantes de los territorios como también de la necesidad de disminución de condiciones estructurales de pobreza y exclusión.

Conclusiones

La declaración del conflicto armado interno en Ecuador ha fortalecido la dimensión militar de la respuesta estatal; sin embargo, la evidencia sugiere que las intervenciones coercitivas, aunque necesarias para recuperar control territorial, resultan insuficientes cuando no se acompañan de procesos sostenidos de fortalecimiento institucional y desarrollo local. El énfasis en la securitización, si bien necesario en ciertos contextos no logra superar por si sola una problemática multidimensional.

La minería ilegal constituye una amenaza directa a la soberanía estatal ecuatoriana. Su expansión refleja procesos de fragmentación territorial donde organizaciones criminales disputan funciones esenciales del Estado, configurando espacios de gobernanza híbrida y control criminal. Más que un problema ambiental o económico, la minería ilegal representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para la construcción estatal, la democracia y la seguridad nacional en Ecuador.

La minería ilegal en Ecuador no es únicamente un problema de seguridad, sino una expresión de crisis de gobernanza. La expansión del crimen organizado en estos territorios evidencia una reconfiguración del poder, donde actores ilegales disputan —y en muchos casos reemplazan— al Estado. Por tanto, resulta insuficiente frente a dinámicas estructurales. Como advierten Wæver (1995) y Koonings y Kruijt (2015), la seguridad sin gobernanza produce respuestas parciales.

En este contexto, existe la necesidad de fortalecer los marcos legales e institucionales para fortalecer la trazabilidad de los recursos ligados a la minería ilegal, las redes de expansión en lo político, comunitario social y trasnacional. En consecuencia, enfrentar la minería ilegal implica reconstruir la capacidad estatal desde una perspectiva integral, que articule institucionalidad, legitimidad y participación social. Solo así será posible contrarrestar la consolidación de economías ilícitas y restablecer formas democráticas de control territorial.

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Fuente