Ecuador: El conflicto armado interno socapa la dictadura de Noboa.
Ecuador vive más de mil días bajo el régimen del llamado Conflicto Armado Interno, decretado por Daniel Noboa, en enero de 2024. En términos legales se justificaría en una situación extraordinaria para situaciones de beligerancia interna, con grupos armados ocupando territorios y un Estado arrinconado y con sus fuerzas militares en acoso o víctimas de acciones terroristas. Pero en la práctica eso no ocurre en Ecuador.
Si bien hay un nivel de violencia criminal, con cifras récord en toda la historia de este país andino, el uso de esta herramienta solo ha significado persecución política, hostigamiento y descalificación a los movimientos y partidos políticos de la oposición, cooptación de las principales instituciones y acuerdos militares con EE.UU. para instalar bases militares, bombardear embarcaciones de pescadores en el Pacífico o fincas de campesinos en la frontera con Colombia.
A todo ello hay que sumar la instalación de un modelo económico que elimina subsidio a los combustibles, eleva el IVA del 12% al 15% para, supuestamente, financiar la lucha contra la inseguridad, endeuda al país con cifras que ya igualan al Producto Bruto Interno, reduce el aparato estatal con más de 10 mil funcionarios públicos despedidos en los dos últimos años, elimina ministerios y secretarías de Estado para trasladar su función a empresas privadas y baja a cifras récord los presupuestos para educación, salud, cultura e inversión pública en general.
De hecho, varios sectores empresariales y de la derecha tradicional ya han manifestado su desacuerdo con el modelo económico porque está priorizando a los sectores oligárquicos ligados a la familia Noboa, además de impedir la participación de empresarios y pequeñas empresas accedan a los contratos en los servicios públicos que se ofertan para varios sectores de la economía.
Mientras tanto, con todo el aparato militar y policial, con el apoyo de la CIA y el Comando Sur, Noboa ha sido incapaz de reducir la exportación de cocaína (el 70% de la droga que llega a EE.UU. y Europa sale por puertos ecuatorianos), además de combatir a los grupos criminales ligados a empresas de su emporio familiar, tal como han denunciado organismos internacionales. Con lo cual queda claro que cuando declara estados de excepción y toques de queda se garantiza la movilidad en carreteras y puertos de las operaciones para la exportación de estupefacientes.
Frente a este panorama, Ecuador se apresta a vivir un proceso electoral el 29 de noviembre próximo, sin la participación de la mayor organización política, la Revolución Ciudadana, con la proscripción de sus principales figuras y líderes en las principales ciudades. Cabe recordar que en 2023, esta organización presidida por Rafael Correa obtuvo 49 alcaldías y 9 prefecturas, constituyéndose así en la fuerza política con mayor reconocimiento y respaldo electoral.
Sin embargo, las instituciones de control electoral han dejado de lado decenas de denuncias de uso de recursos públicos por parte de ADN, el movimiento de Noboa, que aspira a captar las principales dignidades de los llamados gobiernos autónomos descentralizados. Incluso, decretó la entrega de USD 560 millones para jóvenes en un programa proselitista durante los meses de octubre y noviembre, casualmente en plena campaña electoral. Con eso supuestamente se beneficiarían 700 muchachos que se inscriban en el programa Jóvenes en Acción, a los que se les encarga tareas vinculadas a las operaciones políticas y de clientelismo del gobierno.
Por todo ello, la situación del Ecuador de hoy es de un régimen totalitario, dictatorial y con violación de las garantías constitucionales básicas, entre ellos el derecho a la protesta, al ejercicio pleno de la libertad de prensa y con presos políticos en cárceles de extrema seguridad donde se tortura a los líderes de la Revolución Ciudadana como el ex vicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
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