Serra Verde: ¿Hacia una nueva arquitectura de la seguridad estadounidense en el “hemisferio occidental”?

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Serra Verde es propietaria del proyecto minero Pela Ema, en el estado de Goiás, Brasil. Su condición estratégica deriva de la presencia de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, tierras raras empleadas en los sectores de infraestructura de IA y de defensa.
Su reciente adquisición por parte de USA Rare Earth revela una nueva arquitectura de seguridad estadounidense en el hemisferio occidental, que articula al Departamento de Guerra (DoW), a la industria tecnológica y al complejo militar. Bajo esta lógica, Estados Unidos busca garantizar el sustento material que permita la producción de infraestructura de IA (centros de datos, servidores, redes eléctricas y semiconductores). Es decir, asegurar el control de las cadenas de suministro de recursos estratégicos fundamentales para su desarrollo.
Introducción
La creciente importancia estratégica de la infraestructura necesaria para el desarrollo y despliegue de la Inteligencia Artificial (IA) permite identificar una transformación en la concepción de la seguridad estadounidense y, particularmente, en las formas mediante las cuales el Estado busca intervenir sobre el control de las cadenas de suministro de una gran variedad de recursos estratégicos que sustentan dicha infraestructura. Las tierras raras, que aparecen al menos desde la segunda década del siglo XXI en un escenario de disputa entre potencias, constituye uno de los casos más visibles de este proceso. La reciente adquisición de la empresa Serra Verde por parte de USA Rare Earth, da cuenta de lo que puede caracterizarse, a manera de hipótesis, como una nueva arquitectura de la seguridad estadounidense. Dicha arquitectura, parte de una lógica que articula al Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) con los requerimientos asociados al desarrollo de las tecnologías de IA, que a su vez mantienen una relación estrecha con la industria militar.
En ese sentido, es importante comprender que la complejidad atribuida a tales requerimientos no se limita al desarrollo de algoritmos, procesamiento de datos o capacidad computacional, referencias asociadas comúnmente al avance tecnológico de la IA. De forma más profunda, esta lógica se extiende hacia el aseguramiento del sustento material que permite la producción de la infraestructura de la IA (centros de datos, servidores, redes eléctricas, semiconductores y otros componentes), haciendo de las cadenas de suministro de recursos estratégicos un elemento constitutivo de la nueva arquitectura de seguridad que el DoW busca establecer en el denominado “hemisferio occidental”.
Desde esta perspectiva, la hipótesis que se postula en las siguientes líneas afirma que los mecanismos que garantizan el acceso a un recurso natural estratégico como el de las tierras raras, no suponen necesariamente el control territorial del yacimiento en el que se encuentra. Tales mecanismos pueden implicar, bajo esta nueva arquitectura, asegurar los distintos eslabones financieros, productivos, contractuales y logísticos que permiten transformar el recurso en un insumo disponible para los requerimientos de la seguridad estadounidense vinculados a la producción y el desarrollo tecnológico y militar.
Inteligencia Artificial y Seguridad Nacional
La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos publicada en noviembre de 2025, presenta un marcado interés en el desarrollo de la IA como elemento constitutivo para mantener el dominio de Estados Unidos en el ámbito del desarrollo tecnológico y militar a nivel global. Los puntos allí expuestos permiten observar la estrecha articulación que existe entre el desarrollo tecnológico de la IA y las necesidades de la industria de defensa, lo cual se expresa en la creciente porosidad de las fronteras de la innovación tecnológica entre los ámbitos civil y militar. Más que construir esferas separadas, ambas dimensiones se encuentran profundamente vinculadas mediante flujos de conocimiento, capacidades tecnológicas, inversión de capital y participación empresarial, permitiendo que los avances en el sector civil sean incorporados a las capacidades de defensa y viceversa.
No obstante, la incorporación de IA en el ámbito de la seguridad nacional estadounidense adquirió una dimensión institucional particularmente definida a partir de 2018, cuando el entonces Departamento de Defensa (DoD) creó el Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) como aquella instancia que buscaba acelerar la adopción de la IA para transformar todas las funciones de la defensa. Así, la estrategia del DoD vinculó explícitamente el desarrollo de la IA con el mantenimiento de las ventajas militares estadunidenses y planteó su aplicación en un amplio conjunto de funciones “abarcando operaciones, instrucción, sostenimiento, protección de la fuerza, reclutamiento, atención sanitaria y muchas otras.”
Esta orientación militar, quedó a su vez articulada a una política federal más amplia mediante la Orden Executiva 13859: Mantaining Leadership in Artificial Intelligence, que fue promulgada en el primer período presidencial de Donald Trump y por la cual se estableció la American AI Initiative, misma que buscaba impulsar el mantenimiento del liderazgo estadounidense en IA como un elemento fundamental para la seguridad económica y nacional. A su vez, esta orden ejecutiva, sería posteriormente institucionalizada en 2021 e incorporada en la legislación federal mediante la National Artificial Intelligence Inititative Act, ampliando de ese modo las líneas de acción entre la IA y la seguridad nacional.
Por su parte, entre 2019 y 2021, el DoD y la National Security Comission on Artificial Intelligence profundizaron esta concepción, vinculando la innovación tecnológica, la capacidad computacional y la protección de las ventajas estadounidenses dentro del ámbito de la seguridad nacional. Así, en el segundo mandato de Donald Trump, se ha reiterado la idea de que Estados Unidos debe “mantener su liderazgo en el mundo” en este sector. Esto, a su vez, coincide con la iniciativa Artificial Intelligence Strategy for the Department of War publicada en enero de 2026, cuyo objetivo explícito es el de convertir al DoW en una organización “AI First” que busca “acelerar el dominio militar estadounidense de IA, convirtiéndose en una fuerza de combate que prioriza la IA en todos sus componentes” mediante la integración de una creciente red de socios del sector privado.
Conforme asimilaban un sustento jurídico y se ampliaban sus diversos mecanismos, estas iniciativas lograron extender al conjunto del aparato estatal una preocupación que el DoD ya había formulado en términos militares: asegurar que Estados Unidos conservara tanto las capacidades de aplicación de la IA como la base científica, tecnológica e industrial necesaria para producirlas. Este último punto es fundamentalmente relevante, ya que el desarrollo de la IA, aún en el ámbito militar, depende de una base material que sólo puede ser comprendida a través del aseguramiento de las cadenas de suministro estratégicas que permiten su desarrollo. Su alcance se extiende, por tanto, hacia las bases materiales que hacen posible su funcionamiento, es decir, hacia aquellos minerales y recursos naturales estratégicos indispensables para producir los componentes, dispositivos e infraestructuras sobre los que descansa la tecnología de IA.
Es precisamente en este nivel donde la política de seguridad estadounidense comienza a proyectarse, vinculando de ese modo la infraestructura digital con territorios, empresas y recursos situados fuera de Estados Unidos, y, particularmente, con el territorio de América Latina y el Caribe, considerado por el aparato de estado estadounidense como parte integral del denominado “hemisferio occidental”, o, en términos de su narrativa imperialista, de lo que ellos llaman “su hemisferio”.
El caso de Serra Verde y el aseguramiento de las cadenas de suministro estratégicas
El 20 de abril de 2026, USA Rare Earth anunció un acuerdo definitivo para adquirir el cien por ciento de Serra Verde Group, propietaria del proyecto minero Pela Ema, localizado en el estado de Goiás, Brasil, por un valor aproximado de 2.8 mil mdd. La condición estratégica de ese proyecto deriva de la presencia de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, cuatro elementos de tierras raras utilizadas en la fabricación de imanes de neodimio (NdFeB), que son empleados en sectores de infraestructura de IA y de defensa. La operación muestra una relevancia adicional debido al hecho de que Serra Verde no constituye únicamente una fuente de extracción de tierras raras. La empresa cuenta además con capacidades de procesamiento, que permiten sustentar la estrategia de USA Rare Earth para la integración de una cadena de suministro mine to magnet, integrando así minería, procesamiento, separación, metalización y fabricación de imanes.
Sin embargo, la particularidad de este caso no reside sólo en la adquisición por parte de USA Rare Earth de un yacimiento localizado fuera del territorio estadounidense. Lo significativo radica en observar cómo la operación se encuentra articulada con una serie de mecanismos de tipo financiero y contractual mediante los cuales distintos organismos del gobierno estadounidense participan en diferentes eslabones de la cadena. El mecanismo principal de esta estructura estaría vinculado a “US SIIE, LLC”, un vehículo de propósito especial (special purpose vehicle, SPV) que actúa como contraparte compradora en el acuerdo de offtake. La documentación presentada ante la Securities and Exchange Comission (SEC) señala que US SIIE está capitalizado tanto por el gobierno estadounidense como por fuentes privadas. El acuerdo establece así la venta y compra del cien por ciento de la producción correspondiente a la Fase I de Pela Ema de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, en forma de carbonato mixto de tierras raras (MREC) por un período de quince años. Asimismo, el documento contempla un esquema take-or-pay y precios mínimos para los productos, mecanismos que reducen el riesgo asociado a la comercialización de la producción.

La condición geopolítica que puede ser de gran profundidad en un tipo de acuerdos como este —y que acaso puede reproducirse posteriormente en toda la región de América Latina— radica en las regulaciones sobre las etapas posteriores a la producción y al procesamiento inicial. Los documentos contractuales establecen que las instalaciones de separación no podrán localizarse en una “non-allied-nation”, conteniendo al mismo tiempo restricciones sobre la posible participación de determinadas personas, tecnologías, software o hardware vinculados a gobiernos de esos países, lo que hace pensar en la disputa tecnológica que actualmente Estados Unidos libra con China. Esto permite comprender que, aun cuando determinadas fases de mayor valor agregado pudieran desarrollarse en territorio brasileño, tal y como busca hacerlo el gobierno local, la producción correspondiente a la Fase I permanece vinculada contractualmente a la estructura de adquisición encabezada por US SIIE y respaldada por el gobierno estadounidense. En otras palabras, procesar las tierras raras en Brasil, no equivale a disponer libremente de su producción.
En esta misma estructura, además, interviene directamente el DoW. El 24 de agosto de 2026, este organismo anunció una inversión de 750 mdd en US SIIE mediante el programa Industrial Base Analysis and Sustainment (IBAS), que forma parte de una serie de instituciones destinadas a asegurar los recursos estratégicos requeridos por la base industrial de la defensa estadounidense. De acuerdo con el anuncio, este financiamiento estaría destinado a respaldar el acuerdo de offtake correspondiente al carbonato mixto de tierras raras producido en Pela Ema. Asimismo, dicha inversión forma parte de una estructura de 1.55 mil mdd que incluye un compromiso de financiamiento de 500 mdd por parte de un banco de “importancia sistémica”, además de un compromiso de compra de 300 mdd por parte de la Defense Logistics Agency (DLA), que es la institución encargada de administrar el almacenamiento de recursos estratégicos para la defensa en Estados Unidos.
Serra Verde permite así identificar una forma específica de proyección de la seguridad estadounidense sobre el territorio latinoamericano: una proyección que no requiere necesariamente la apropiación territorial directa del recurso, sino del aseguramiento de los nodos estratégicos de su producción. El yacimiento permanece físicamente en Brasil y su producción continúa siendo extraída y procesada inicialmente allí; sin embargo, los mecanismos financieros y contractuales descritos vinculan una parte fundamental de esa producción con una estructura respaldada por el gobierno estadounidense.
En este sentido, la seguridad de un recurso estratégico puede comenzar en un yacimiento brasileño sin que dicho territorio tenga que convertirse en territorio estadounidense. Como puede mostrarse con Serra Verde, basta con que los mecanismos financieros, productivos y contractuales permitan asegurar su conexión con las capacidades industriales y militares que Estados Unidos busca proteger. Serra Verde constituye, bajo esta perspectiva, un caso empírico a partir del cual puede observarse la posible emergencia de una nueva arquitectura de seguridad y de apropiación de recursos estratégicos en el denominado “hemisferio occidental”.
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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 563: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/10/ALenMovimiento_563_oct_2026-20-23.pdf